La integración en la Unión Europea por parte de un estado conlleva una adaptación del sistema legal y judicial igual para cada nuevo miembro. Los principios según los cuáles se realiza esta integración son los de primacía y efecto directo, por los cuales estamos sometidos y debemos cumplir tanto las leyes de nuestro país como las comunitarias, aunque las normas emitidas por los órganos de la UE tienen preferencia sobre el derecho de cada Estado en caso de conflicto.
Paralelamente, cada Estado de la Unión realiza una cesión de soberanía, por la cual reconoce que, en diversas materias como tributos, consumo, contratación pública o salud, aplica las normas emitidas por la UE. Puede hacerlo de manera directa o incorporando al derecho propio las normas europeas.
La consecuencia principal de la aplicación de estos conceptos ha sido la armonización de derechos y obligaciones de todos los ciudadanos de la UE, en muchos casos, elevando su nivel de protección jurídica. Sin entrar a valorar otros aspectos de la UE, este punto resulta muy positivo, especialmente si tenemos en cuenta la variedad de culturas y sistemas políticos que forman parte del territorio de la UE.
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