Jornada reducida, registro horario y desconexión: claves de la nueva normativa laboral

La reducción de la jornada laboral y el refuerzo del derecho a la desconexión digital están cada vez más cerca de convertirse en una realidad para empresas y trabajadores. El Proyecto de Ley para acortar la jornada ordinaria máxima a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario y para reforzar la obligación del registro horario digital continúa su tramitación parlamentaria tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado mes de mayo de 2025. Aunque aún podría experimentar ajustes antes de su aprobación definitiva, se perfilan cambios de gran calado que conviene conocer y preparar con antelación.

Una jornada ordinaria más corta sin reducción salarial

La propuesta plantea modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para reducir de forma general la jornada ordinaria máxima de 40 a 37,5 horas semanales en cómputo anual, manteniendo intacto el salario. Esta medida responde a la creciente necesidad de favorecer la conciliación familiar, la salud mental y unos ritmos de vida más sostenibles. Si se aprueba en los términos actuales, las empresas deberán adaptar sus convenios colectivos y contratos antes del 31 de diciembre de 2025.

Obligatoriedad del registro de jornada digital

Otro de los puntos clave es la obligación de que el registro horario sea digital, objetivo, fiable y accesible para la Inspección de Trabajo de forma remota. Se acabaron los sistemas manuales o poco precisos: la información deberá conservarse durante cuatro años, ser legible y no manipulable. La normativa también prevé que, en caso de ausencia o manipulación del registro, se presumirá cierta la jornada declarada por la persona trabajadora, invirtiendo así la carga de la prueba. De acuerdo con el proyecto, este sistema deberá estar plenamente operativo en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, salvo aquellos aspectos que dependan de desarrollo reglamentario posterior.

Derecho a la desconexión digital

La reforma también da un paso más en la protección del derecho a la desconexión digital, reforzando lo establecido en el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores y en la Ley de Trabajo a Distancia. Este derecho, que no admite renuncias ni represalias, garantiza que no responder mensajes o llamadas fuera del horario laboral no pueda considerarse incumplimiento ni motivo de sanción. Además, se impulsa su concreción mediante la negociación colectiva, permitiendo excepciones solo cuando existan causas justificadas, proporcionadas y de carácter excepcional. Este aspecto obliga a repensar la cultura de disponibilidad permanente que existe en muchas organizaciones.

Contratos a tiempo parcial y servicio del hogar familiar

La propuesta incluye novedades en los contratos a tiempo parcial. Se contempla que aquellos contratos que superen las 37,5 horas semanales se transformen automáticamente en contratos a jornada completa. Además, se integran en el régimen general de control horario, evitando el uso encubierto de fórmulas parciales para jornadas efectivamente completas. Por otro lado, la relación laboral del servicio del hogar familiar también se adaptaría a esta nueva regulación, con un registro de jornada específico, más flexible pero igualmente obligatorio, que refuerza los derechos de estos trabajadores.

Sanciones más severas por incumplimiento

El incumplimiento de estas nuevas obligaciones se considerará infracción grave y se computará por cada persona afectada, lo que podría multiplicar significativamente las multas. En los términos actuales, la exposición económica puede alcanzar hasta 10.000 euros por trabajador. Esta previsión refuerza la importancia de implementar sistemas fiables de control y de revisar protocolos internos de gestión del tiempo de trabajo.

Preparación y plazos

Aunque el Proyecto de Ley aún debe superar el proceso parlamentario para su aprobación definitiva, conviene que las empresas valoren desde ya sus necesidades técnicas y organizativas para cumplir con los nuevos requisitos en los plazos previstos. Mantenerse informadas y disponer de asesoramiento especializado puede ser clave para evitar sanciones y adaptarse a un modelo de trabajo más equilibrado y eficiente.

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