El Supremo avala detectives para controlar el crédito horario sindical

La gestión del crédito horario sindical suele considerarse un terreno especialmente sensible, porque está ligado al ejercicio de la representación de los trabajadores. Sin embargo, una reciente resolución del Tribunal Supremo (7 de mayo de 2025, rec. 2124/2024) introduce matices relevantes: la empresa puede acudir a detectives privados para comprobar un posible uso indebido de ese tiempo, siempre que lo haga con prudencia, justificación y respeto a los derechos fundamentales.

Un caso con indicios y una vigilancia acotada

El conflicto parte de una situación concreta: una empresa detecta indicios de que un delegado podría estar utilizando el crédito horario para fines personales. Ante esa sospecha, contrata una agencia de detectives. Lo determinante en el caso es que el seguimiento fue limitado a los días concretos en los que existían sospechas y, además, no se extendió más allá del tiempo cubierto por el permiso sindical solicitado.

El choque de derechos: libertad sindical vs. facultad de control

El debate jurídico era claro: ¿investigar a un representante vulnera automáticamente la libertad sindical? Las instancias previas (Juzgado de lo Social y Tribunal Superior de Justicia) entendieron que la medida no estaba suficientemente justificada y apreciaron vulneración. No obstante, el Supremo corrige ese enfoque y concluye que, en este supuesto, no se lesionaron derechos fundamentales porque la actuación empresarial se apoyaba en un objetivo legítimo y se ejecutó de forma proporcionada.

Qué hace lícita la prueba según el Supremo

La sentencia no abre la puerta a una vigilancia generalizada. Al contrario: fija una serie de condiciones que funcionan como guía práctica para valorar la licitud de la investigación.

En primer lugar, la medida debe apoyarse en sospechas concretas y razonables. No hace falta una certeza absoluta previa, pero sí algo más que una intuición. En segundo lugar, debe respetarse la intimidad: nada de entrar en domicilios, invadir la vida privada o utilizar métodos intrusivos. Y, en tercer lugar, el control no puede convertirse en una vigilancia singular del desempeño sindical: queda fuera de juego cualquier seguimiento constante, indiscriminado o intimidatorio que, por su propia naturaleza, pueda desincentivar la actividad representativa.

En el caso analizado, el Supremo entiende que el informe del detective fue una herramienta proporcional y limitada, y por eso lo considera una prueba lícita.

El crédito horario no es una inmunidad

Otro mensaje importante de la resolución es que el crédito horario disfruta de una presunción de buen uso, pero esa presunción no es absoluta. Puede desvirtuarse con prueba en contrario. Dicho de otro modo: el ejercicio de la representación no puede transformarse en un escudo que impida cualquier verificación cuando existan razones objetivas para dudar de un uso correcto.

Además, el Tribunal recuerda que la empresa conserva facultades de dirección y control del cumplimiento laboral (art. 20 del Estatuto de los Trabajadores), siempre subordinadas al respeto de los derechos fundamentales. Si se acredita un uso fraudulento, pueden existir consecuencias disciplinarias, pero la empresa deberá actuar con especial cuidado para no cruzar líneas rojas.

Una doctrina más clara para empresas y representantes

La sentencia también aporta seguridad jurídica al unificar doctrina frente a decisiones dispares de distintos tribunales. A partir de ahora, la clave no está en prohibir o permitir sin más, sino en el equilibrio: indicios razonables, intervención mínima necesaria y respeto estricto a la privacidad y a la libertad sindical. Para las empresas, la recomendación es documentar los motivos y acotar cualquier medida; para los representantes, mantener una trazabilidad ordenada del uso del crédito horario reduce conflictos y malentendidos.

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